Evaluación de impacto en los derechos fundamentales (FRIA)

El artículo 27 del Reglamento Europeo de IA exige la evaluación de impacto en los derechos fundamentales (FRIA) a los responsables del despliegue que sean organismos de derecho público, entidades privadas que prestan servicios públicos y responsables de sistemas de alto riesgo usados para evaluar la solvencia crediticia o para evaluar riesgos y fijar condiciones en seguros de vida y salud. Los sistemas de infraestructura crítica quedan excluidos. La evaluación describe los procesos en los que se usará el sistema, el período y la frecuencia de uso, las categorías de personas que pueden verse afectadas, los riesgos específicos de perjuicio para ellas, las medidas de supervisión humana y las medidas que se adoptarán si esos riesgos se materializan, incluidos los mecanismos de reclamación.

El responsable del despliegue notifica los resultados a la autoridad de vigilancia del mercado y actualiza la evaluación cuando cambian elementos relevantes. La FRIA no sustituye a la evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD): cuando la EIPD ya cubre algunos de estos puntos, la FRIA la complementa. Un municipio que usa un sistema de alto riesgo para priorizar solicitudes de prestaciones sociales es un caso típico que requiere ambas.